Los representantes públicos del PSOE de Fuerteventura exigen “respeto” al trabajo de Ayuntamientos y Cabildos.

El secretario general, Blas Acosta, anuncia una batería de mociones para pedir la retirada del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
“El Gobierno Rajoy debería mostrar más respeto a la voz de los ciudadanos en las instituciones, que es la de concejales y consejeros, e imprimir sensatez a sus políticas”

El Partido Socialista (PSC-PSOE) de Fuerteventura presentará mociones en todas las instituciones majoreras para reclamar la retirada del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ha presentado el Gobierno de España. Este documento prevé la destrucción de la representatividad de los ciudadanos en los ayuntamientos y cabildos y, por tanto, su capacidad de gestión.

El secretario general de los socialistas majoreros, Blas Acosta, aboga por ejercer una acción institucional coordinada y nítida “que no deje dudas sobre quiénes trabajamos para asegurar que los ciudadanos controlemos con rigor la gestión del sector público y quiénes intentan esconder ese poder democrático tras la gran excusa para reformas ideológicas en que se ha convertido la crisis económica y social en España”.

“El Gobierno Rajoy debería mostrar más respeto a la voz de los ciudadanos en las instituciones, que es la de concejales y consejeros, e imprimir sensatez a sus políticas, sobre todo cuando son de aplicación en todo el territorio nacional sin atender a las necesidades objetivas y específicas de Canarias”.
Las mociones tendrán por objetivo central solicitar al Gobierno de España la retirada del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Además, estas iniciativas permitirán reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social; transmitir a los ayuntamientos y a sus habitantes, especialmente de los municipios más pequeños, el apoyo y reconocimiento por la labor que realizan; y abrir un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local garantizando la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos.

“El compromiso con nuestros vecinos y nuestra responsabilidad como gobernantes en las distintas administraciones que componen el Estado nos exige un pronunciamiento claro en defensa de los gobiernos locales”, explica Blas Acosta.

La autonomía local está garantizada por nuestra Constitución y por la Carta Europea como uno de los principios que fundamentan la democracia, la cohesión y la vertebración social y territorial de un Estado descentralizado. Entre todos hemos intentado diseñar un modelo local capaz de dar más y mejores servicios a los ciudadanos, y hemos conformado gobiernos locales que son ejemplos de participación, de integración y convivencia.

Una moción para el consenso

En las mociones que presentará el Partido Socialista en las instituciones de Fuerteventura se recoge que el Gobierno de España lleva un año anunciando su intención de modificar las bases jurídicas que regulan el funcionamiento de las entidades locales. Una posición que alcaldes, concejales y presidentes y consejeros insulares de todos los partidos políticos también hemos reivindicado para actualizar las leyes que regulan las competencias y la financiación de ayuntamientos y cabildos.

Ahora, cuando la sociedad nos demanda el acuerdo y el consenso en torno a cualquier cambio de nuestro modelo de Estado, el Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación de un anteproyecto que pone en jaque los fundamentos del municipalismo y, con él, la base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.
Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden utilizar como coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos.

En lugar de asegurar los servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos este anteproyecto del Gobierno Rajoy hace que peligren seriamente.
Con esta reforma, miles de alcaldes, concejales y presidentes y consejeros insulares elegidos por los ciudadanos en las urnas para gobernar en sus municipios e islas, ya no serán los responsables a la hora de tomar las decisiones y gestionar los servicios que deberían prestar esos ayuntamientos y cabildos.

Rosa Fernández Rodríguez
-Secretaria de Organización-

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *