Domingo Fuentes lamenta la insensibilidad del PP con las víctimas del boom inmobiliario y reclama medidas para proteger a los compradores de viviendas sobre plano

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Pide la reforma de la Ley 57/1968 para que establezca, clara y definitivamente, el amparo de los ciudadanos que entregan cantidades a cuenta para la adquisición de su futura vivienda, y la intervención del Banco de España

La iniciativa socialista fue rechazada debido al voto en contra del Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Domingo Fuentes, solicitó ayer en una moción debatida en la Comisión de Fomento la reforma de la Ley 57/1968 en el sentido de que establezca, clara y definitivamente, el amparo de los ciudadanos que entregan cantidades a cuenta para la adquisición de su futura vivienda, y la intervención del Banco de España “que debería ser el organismo que supervise y audite a las entidades financieras que reciben entregas a cuenta, a los efectos de que exijan la constitución de los avales y seguros que contempla la Ley, así como la constitución de cuentas separadas que no debieran responder ante la mala gestión económica del promotor ni a sus deudas ordinarias, ni que los créditos derivados de otras promociones del constructor puedan hacerse efectivos sobre esos fondos”.

Fuentes aseguró que se trata de una Ley preconstitucional que tiene más de 45 años y que, aparentemente, tiene plena vigencia en los momentos convulsos que nos toca vivir, que se promulgó ante la alarma social surgida (así consta en su preámbulo) por la indefensión de los adquirientes de viviendas sobre plano, que veían como los contratos que firmaban se convertían en papel mojado en los casos de quiebra, insolvencia o incluso desaparición de los promotores.

“Nadie reparó en ella en la bonanza, aseguró Fuentes, pero en la actualidad, desgraciadamente, está ocurriendo lo mismo que ocurrió cuando se promulgó la Ley. La misma alarma social de entonces, tiene reflejo hoy en la interminable lista de promotoras en proceso concursal, y la ingente masa de compradores sobre plano nacida al socaire de la burbuja inmobiliaria que han acabado en los tribunales por las lagunas que presenta la norma, por una jurisprudencia variopinta, y por el flagrante incumplimiento de muchas promotoras”.

A continuación, puntualizó que “la realidad es que nos encontramos con multitud de afectados, constituidos en plataformas que se enfrentan a promotores en quiebra, promotores que incluso desaparecen de la noche a la mañana, avales que no se han suscrito, y entidades financieras que tampoco asumen ninguna responsabilidad, porque la Ley no deja claras estas responsabilidades”.

Domingo Fuentes recordó que las Comunidades Autónomas, con competencias plenas en materia de Vivienda, han desarrollado alguna legislación territorial propia sobre la materia (Cataluña, Madrid, Murcia, Galicia, Extremadura, Valencia), regulando diferentes regímenes sancionatorios contra las promotoras que incumplan las garantías, que tampoco han evitado el desamparo de los compradores de vivienda sobre plano.

La moción fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara. El senador socialista canario lamentó la insensibilidad de los senadores populares con estas víctimas del boom inmobiliario, y aunque reconoció que no es posible volver atrás para evitar los efectos devastadores de la crisis financiera y económica, «pero sí se pueden tomar medidas para evitar que se vuelvan a producir las consecuencias más nefastas de una crisis, que no ha traído más que desigualdades y sufrimiento».

Por último, Domingo Fuentes explicó que la adquisición de una vivienda es uno de los actos de mayor trascendencia de la vida de un ciudadano, especialmente del ciudadano español que tiene muy arraigado el sentido de la propiedad de una casa. La vivienda forma parte de sus ilusiones vitales, de su proyecto de vida y de su deseo de fundar un hogar. Y en el empeño es capaz de invertir prácticamente todos sus ahorros.

Entre las víctimas de la crisis económica y financiera que nos ha tocado vivir se encuentran muchos perfiles, entre ellos, el de las miles de ciudadanos que anticiparon cantidades a cuenta, en la mayoría de los casos sus ahorros, para la adquisición de una vivienda en promociones que debieron haber sido construidas y sin embargo no llegaron a buen término.

Estos ciudadanos han perdido todo porque las garantías que tenían que haber sido constituidas (avales, cuentas separadas en los bancos y seguros de caución) para la devolución de esos anticipos, resultaron totalmente ineficaces y, en muchos casos, ni siquiera se llegaron a constituir.

 

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