Los senadores socialistas canarios reclaman al gobierno que active la obligación de servicio público (OSP) fijando los precios máximos en determinadas rutas aéreas entre las islas y la península.

Abreu, Díaz Tejera, Fuentes y Medina presentan una moción en la Comisión de Fomento con el objetivo de que se garantice la conectividad y la cohesión interterritorial y de que se frenen los abusos que están cometiendo las aerolíneas con las tarifas aéreas

Madrid, 27 de noviembre de 2012

Los senadores socialistas canarios Aurelio Abreu, Arcadio Díaz Tejera, Domingo Fuentes y Gregorio Medina han presentado en el Senado una moción por la que se reclama al Gobierno que active la Obligación de Servicio Público (OSP), fijando los precios máximos en determinadas rutas aéreas entre las Islas Canarias y la Península y viceversa.

De esta forma, se garantizaría la conectividad, la cohesión interterritorial y se frenarían los abusos que están cometiendo las aerolíneas con las tarifas aéreas.

Los parlamentarios del PSOE han justificado la necesidad de aprobar esta propuesta y han explicado que las OSP responden a la necesidad económica y social de facilitar la movilidad de los ciudadanos residentes en unos territorios segmentados para los que la vía aérea es la única modalidad de transporte posible al no tener acceso a otras alternativas de transporte.

A continuación, han recordado que con el cierre de Spanair, en enero de 2012, los precios empezaron a incrementarse y que, posteriormente, la situación se ha visto agravada cuando las compañías aéreas dieron a conocer sus operativas de invierno, que entraron en funcionamiento en octubre, mes en el cual se produjo el cambio horario.

Este escenario esta afectando a las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife, pero de manera especialmente grave a islas como Fuerteventura, Lanzarote y La Palma en las que prácticamente no existe regularidad ni competencia en las conexiones diarias con la península y viceversa, teniendo los residentes en estas islas que realizar escalas forzosas en Gran Canaria y Tenerife para poder desplazarse a cualquier punto de la Península.

Los senadores canarios concluyen en su moción que esa falta de competencia, continuidad, frecuencias y regularidad, así como el incremento desmesurado de los precios de los billetes, es lo que obliga a la intervención del regulador, que en este caso es el Gobierno del Estado, declarando la obligación de servicio público en determinadas rutas entre Canarias y la Península y viceversa, ya que esta situación esta incidiendo negativamente en desarrollo social y económico de Canarias.

– MOCIÓN-
A LA MESA DEL SENADO
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente MOCIÓN ante el Pleno, sobre declaración de obligación de servicio público.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las compañías aéreas que dispongan de una licencia expedida por un Estado miembro de la Unión Europea pueden prestar, libremente y sin restricción alguna, servicios aéreos en las rutas aéreas intracomunitarias así como fijar libremente los precios de sus tarifas. Sin embargo, la regulación comunitaria también permite a un Estado miembro restringir parcialmente esas libertades mediante la imposición de lo que se denominan obligaciones de servicio público (OSP), las cuales se definen por la propia UE como «cualquier obligación impuesta a los servicios aéreos regulares entre un aeropuerto de la Comunidad y otro que sirva a una región periférica o en desarrollo, o en una ruta de baja densidad cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social de la región».
Esta obligación solo se impondrá por un estado miembro de la UE cuando sea necesario garantizar unos servicios que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios que las compañías no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial. Las obligaciones de servicio público responden, pues, a la necesidad económica y social de facilitar la movilidad de los ciudadanos residentes en unos territorios segmentados para los que, por su rapidez, el transporte aéreo no solo es un modo de transporte fundamental, sino en este caso único, ya que sus ciudadanos no tienen acceso a las alternativas de transporte por carretera o en tren que se ofrecen a los residentes en el continente cuando consideran que el precio de un avión no es asequible.
El artículo 103 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, contenía un mandato para que el Gobierno de España, de acuerdo con lo establecido en la regulación comunitaria, previa audiencia a los Gobiernos autónomos respectivos, procediese a la declaración de obligaciones de servicio público en las rutas interinsulares de Canarias y Baleares. En aplicación de dicho mandato, por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, posteriormente modificadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, fueron establecidas obligaciones de servicio público en 13 rutas interinsulares de Canarias. Posteriormente, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2003, modificado por orden de la ministra de Fomento de 7 de abril de 2008, fueron establecidas obligaciones de servicio público en 3 rutas interinsulares de Baleares. Finalmente, por acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2009, se declaran obligaciones de servicio público en la ruta Almería-Sevilla.
Por lo que respecta a Canarias, en las conexiones entre islas sí se activó este mecanismo de inmediato, al entender tanto el Gobierno de España como el Gobierno canario que el servicio no estaba bien cubierto. Sin embargo, en los trayectos con la Península se optó por esperar al considerar que en aquel momento existían suficientes, rutas, frecuencias y compañías que las operaban como para que el mercado les obligara a ofrecer precios competitivos.
Con el cierre de Spanair, en enero de este año 2012, y antes de que el resto de compañías pudieran reaccionar para ocupar parte de la oferta de dicha aerolínea, los precios comenzaron a elevarse. La propia ministra de Fomento ha manifestado en varias ocasiones que el Ministerio vigilaría la evolución del mercado aéreo para comprobar si las compañías aéreas cubrían por propia iniciativa las conexiones perdidas y si los precios iniciaban o no una escalada. A finales del mes de marzo señaló además que el coste de algunas tarifas le resultaba “preocupante” y admitió que estudiaría con el Gobierno de Canarias “las obligaciones de servicio público por si tuviera que tomar alguna decisión”. La situación se ha visto agravada recientemente cuando las compañías aéreas dieron a conocer sus operativas de invierno, que entraron en funcionamiento en octubre, mes en el cual se produjo el cambio horario. Este escenario está afectando a las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife, pero de manera especialmente grave a islas como Fuerteventura, Lanzarote y La Palma en las que prácticamente no existe regularidad ni competencia en las conexiones diarias con la Península y viceversa, teniendo los residentes en estas islas que realizar escalas forzosas en Gran Canaria y Tenerife para poder desplazarse a cualquier punto de la Península.
Por todo lo anterior, el Senado insta al Gobierno a:
Que active la Obligación de Servicio Público (OSP), fijando los precios máximos en determinadas rutas aéreas entre las Islas Canarias y la Península y viceversa con el objeto de garantizar la conectividad, así como la cohesión interterritorial, y frenar de este modo los abusos que están cometiendo las aerolíneas con las tarifas aéreas.
En el Palacio del Senado, a 26 de noviembre de 2012

El coste de la acción propuesta en esta moción asciende aproximadamente a unos 5.000.000,00 de euros.

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