MANIFIESTO DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL

MANIFIESTO DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL

MANIFIESTO DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL


En 2007, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social, fundamentando ésta como “un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro y entre las naciones que constituye el núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana”.

En 2008, la Organización Internacional del Trabajo adoptó por unanimidad la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. Y en 2014, su Secretario General daba un paso más y lanzaba el siguiente mensaje “la brecha que existe entre los más pobres y los más ricos en el mundo es considerable y está creciendo. Esta situación no solo se da de un país a otro sino dentro del mismo país, incluso en el caso de muchos de los países más prósperos […] La experiencia muestra que el crecimiento económico en sí mismo no es suficiente. Debemos hacer más para empoderar a las personas mediante el trabajo decente, brindarles apoyo a través de la protección social, y velar por que se escuchen las voces de los pobres y los marginados”.

Por ello hoy 20 de febrero de 2017, transcurridos diez años desde que UN declarase esta jornada mundial, desde el Partido Socialista reivindicamos justicia social para los 1,4 millones de hogares con todos sus miembros activos en paro; las casi 700.000 familias que no perciben ingreso alguno; los 6 millones de trabajadores y trabajadoras pobres, con ingresos inferiores al Salario Mínimo; las 13 millones de españolas y españoles bajo el umbral de la pobreza; los 3,5 millones que viven en pobreza severa y los más de 2 millones de niños y niñas en hogares pobres.

Somos el país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad. En materia de Justicia Social, se han incrementado los indicadores de pobreza y exclusión social, hasta instalarnos el furgón de cola de la UE. Nos situamos en el puesto 24 entre los 28 estados miembros de la UE, dos posiciones por detrás respecto al ranking de 2014 y ocupamos los últimos puestos en los principales indicadores como políticas de prevención de la pobreza, acceso al mercado laboral o justicia intergeneracional.

Sin embargo, a la cabeza de este ranking se sitúan los países que disponen de Estados de Bienestar más desarrollados.

Hoy 20 de febrero, el PSOE reclama justicia social para todos y todas las personas “invisibles” y “desheredadas” para los que los efectos de la crisis están siendo devastadores, como ponen de manifiesto numerosas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales.

En estos últimos años no han dejado de sonar las alarmas. Hace apenas una semana, Save the Children presentaba el informe “Desheredados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España “, que pone de manifiesto que las personas más ricas en nuestro país ganan siete veces más que las más pobres (la media europea es de 5,2 veces) y pone el acento sobre la desigualdad que afecta con especial crudeza a los menores de edad con menos recursos, quienes se han empobrecido cinco veces más durante la crisis que los más ricos – un 32% y un 6% respectivamente-.

Desde el Partido Socialista hemos denunciado reiteradamente que el avance de la desigualdad infantil es injusta socialmente, vulnera los derechos y la igualdad de oportunidades y supone una hipoteca de futuro para nuestro país. Y así lo confirma este informe que estipula que “el 80% de los niños y niñas que están hoy en situación de pobreza pueden convertirse en adultos empobrecidos”. Para la organización, “esto se debe al gran aumento de la desigualdad infantil y al fin de la movilidad social ascendente que se ha vivido en España, que hacen que la riqueza y la pobreza se hereden aún más y que se alteren las expectativas de niños y niñas”.

Además, el informe (fundamentado en los principales registros y encuestas del INE y Eurostat) coincide en que la destrucción de empleo durante la crisis ha afectado de forma desproporcionada a las familias más pobres y con hijos en nuestro país. “España es el país donde más ha aumentado durante la crisis el número de niños y niñas que viven en hogares donde nadie trabaja, hasta llegar a los 800.000 menores y tener un trabajo tampoco es una garantía para salir de la pobreza: la tasa de hogares pobres con hijos en los que algún miembro trabaja en España es de las más altas de
Europa”. “Si la economía no genera empleo suficiente para todos o este no es de calidad, los hogares solo pueden salir de la pobreza a través de la protección social, y la organización incide, en que en el caso de España la inversión es muy escasa y no se distribuye de forma equitativa, por ello apenas el 33,6% de los niños y niñas pobres tienen acceso a la única prestación dirigida a mejorar su situación”.

Las prestaciones sociales para el hogar y la familia deberían proteger a la infancia de la pobreza y limitar las desigualdades. Sin embargo, el informe incide en que “ni las políticas públicas de protección social ni el sistema fiscal están diseñados para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza. Cuando precisamente una de las funciones del sistema tributario debería ser redistribuir la riqueza. En España, los impuestos directos tienen un modesto efecto redistributivo, debido a que su base fundamental son los salarios y en mucha menor medida los ingresos provenientes de otras fuentes (de la riqueza).

En este contexto y a pesar de los informes y de las alarmas emitidas por las organizaciones sociales y profesionales así como por los expertos, la estrategia del Gobierno del Partido Popular ha sido desatender los avisos y cuestionar las cifras, mostrando una desidia impropia a la responsabilidad exigible a cualquier Ejecutivo y exhibiendo una clara desconexión de la situación real.

Desde el Partido Socialista hemos denunciado reiteradamente la gestión de un Gobierno de espaldas a las necesidades de la ciudadanía y sobre todo de la infancia. Hemos reprochado al Gobierno que haya impuesto un nuevo orden en la distribución de la riqueza: consolidando cambios estructurales (reforma laboral, educativa, de la administración local y de acceso al Sistema Sanitario), recortando en políticas sociales y desmantelando los servicios públicos. Hemos censurado unas políticas que han impactado sobre la población más vulnerable: peores salarios, escasa protección por desempleo, reforma fiscal de progresividad inversa; recortes en protección social y reformas restrictivas de derechos sociales…

Llegados aquí, no cabe compadecerse con las angustiosas cifras y dejar que el estado de las cosas se mantenga. Urge detener esta deriva de incremento de la desigualdad.

Urge poner en marcha un cambio hacia un nuevo modelo económico con reparto justo de la riqueza, con empleo de calidad y ambientalmente sostenible. Urge recuperar el Estado de Bienestar basado en el derecho de ciudadanía, guiados por la justicia social.

Y porque es urgente dar pasos firmes para mejorar la vida de las personas y proteger a los colectivos más vulnerables, reivindicamos la oposición útil que ha llevado a cabo el PSOE en los 100 días transcurridos desde el inicio de la legislatura, un trabajo encaminado a reparar los derechos económicos, sociales y civiles de más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas.

Apoyamos por justicia social, por estabilidad democrática y decencia, la iniciativa legislativa popular (ILP) de los sindicatos para poner en marcha un Ingreso Mínimo que favorecerá –si se aprueba- a los casi 700.000 hogares españoles sin ingresos y alcanzará a más de 1,7 millones de personas. Una iniciativa, que coincide con el programa electoral del PSOE y con una PNL socialista ya aprobada en el Congreso de los Diputados, y en la que trabajaremos para complementar con una mejora sustancial en la cobertura y en la cuantía de las prestaciones familiares por hijo a cargo. Nuestro objetivo será cubrir una carencia en nuestro sistema público de protección social y tejer una red última de protección social para quienes se encuentran en situación de desempleo, han agotado ya todas las ayudas disponibles y carecen de recursos para atender sus necesidades básicas y las de sus familias. Un ingreso mínimo para asegurar una vida digna.

Reivindicamos la subida del SMI en más de un 8%, que va a beneficiar de forma directa a más de 600.000 trabajadores y también lo harán millones de empleados que tienen referenciado su convenio colectivo al salario mínimo. Defendemos el acuerdo sobre cláusulas suelo, que va a permitir que más de 3,3 millones de hipotecados en España puedan recibir lo que se les cobró de manera injusta, así como la puesta en marcha del bono social, que impedirá que los más vulnerables se queden sin suministro de energía.

Además, en estos 100 días hemos impulsado el sistema de Garantía Juvenil, que va a afectar a más de 600.000 jóvenes desempleados y hemos conseguido más recursos económicos para la financiación del Estado de Bienestar, gracias a los 4.000 mill/€ de los que podrán disponer las CCAA o los 4.500 millones de euros para los ayuntamientos al poder emplear su superávit a inversión y planes de empleo. También, hemos auspiciado una modificación de la reforma laboral, en el sentido de equiparar los derechos y el salario de los trabajadores subcontratados a los de las empresas matrices, que beneficiará a cientos de miles de empleados en nuestro país.

Nuestro futuro como sociedad debemos construirlo sin dejar a nadie atrás y por ello hoy, Día Mundial de la Justicia Social, manifestamos el compromiso del Partido Socialista para trabajar por un nuevo marco de convivencia que invierta la tendencia al aumento de la desigualdad y la pobreza mediante un desarrollo económico sostenible e inclusivo, una fiscalidad más justa, una mejora de las condiciones laborales, el desarrollo de políticas activas y de educación de calidad.

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